Ghaligate, o la denegación de justicia

La Razón/España.

La comparación entre el trato reservado en 2011 por la justicia estadounidense al expresidente del Fondo Monetario Internacional, o por la justicia británica en 1998 al expresidente chileno Augusto Pinochet, revela una brecha abismal con el consuelo judicial otorgado por los españoles a la hora de juzgar a Brahim Ghali.

Aunque está acusado no de una sino de dos violaciones, detención arbitraria, tortura, terrorismo y crímenes de guerra, por parte de ciudadanos españoles y asociaciones y familiares de las víctimas, Ghali apenas es “invitado” a comparecer ante el juez “si su estado de salud lo permite “. Y para no perturbar su tranquilidad en lo más mínimo, es por videoconferencia, así que podrá realizar su declaración ante el juez, desde la comodidad de su suite VIP en el hospital de Logroño, adonde llegó desde Argelia en jet privado y con buena escolta.

¿Qué deberíamos pensar de esta nueva oleada de indulgencia? ¿Es justa la actitud hospitalaria España velando por la comodidad de Ghali hasta el más mínimo detalle, mientras que se ignoran los derechos más básicos de sus víctimas? ¿De verdad deberíamos creer que la negativa del juez a prescribir medidas restrictivas en cuanto a su libertad está justificada, y más cuando sabemos que Ghali tiene a su disposición jet privado, pasaporte diplomático y falsificadores de identidad, por no hablar de fondos sin límite y complicidad de hasta en el propio estado español?

¿Deberíamos creer realmente que Ghali no tratará de evadir la justicia mientras pesan sobre él unos cargos tan graves? Si tan solo la justicia se dignara no ser ciega ante su caso… ¿Deberíamos asumir que el juez necesita tan poco – un simple procedimiento simulado – para cerrar formalmente un caso que ya ha sido enterrado antes incluso de abrirse? Un caso que, de hecho, ya se habría archivado si no fuera por la perseverancia de las víctimas?

Uno no puede evitar confundirse con estas preguntas. No se puede pasar por alto que el asunto Brahim Ghali, que oscila entre la actitud del Estado y la de la opinión pública, lo sufren quienes se preocupan principalmente por la apatía de la justicia. Parece que Ghali estuviera seguro de que sus protectores harán lo que sea necesario para rechazar a sus víctimas y silenciar sus quejas, simplemente ignorándolas o declarando la muerte clínica del caso. ¡Muerte por inadmisibilidad!

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